EL PAÍS presenta la historia de cinco latinoamericanas que fueron víctimas de violencia de género y de las mujeres de su familia, las activistas y las políticas que tomaron sus casos, convirtieron la indignación en ley y trazaron un límite para que ninguna otra tuviera que volver a pasar por lo mismo
A la brasileña María da Penha su marido le disparó en la espalda mientras dormía y, cuando ella logró sobrevivir, intentó electrocutarla en la ducha. La colombiana María Elvira Cely fue violada brutalmente, herida de muerte y abandonada en un parque público de Bogotá por un compañero de la escuela de adultos a la que asistía. La mexicana Olimpia Coral Melo intentó quitarse la vida varias veces luego de que, a los 18 años, un exnovio divulgara en internet un video sexual suyo. A la peruana Evy Ágreda un compañero de trabajo, que la había acosado durante meses, le roció combustible y le prendió fuego mientras viajaba en un autobús. La niña argentina Brisa, instigada por su padre, le pidió a los Reyes Magos que su madre volviera a su casa, aunque él sabía que aquel deseo era imposible de cumplir: él mismo la había matado a golpes y la había arrojado a un arroyo hacía 15 días.
¿Qué se hace con toda esa rabia? Transformar la sociedad. Eso es lo que hicieron ellas —las que lograron sobrevivir— y mujeres de sus familias, activistas, funcionarias, legisladoras y ciudadanas que tomaron sus casos y trazaron un límite con la sangre hirviendo: lucharon para romper la desidia del Estado y las autoridades, para que los agresores no quedaran impunes y para que ninguna otra mujer tuviera que volver a pasar por lo mismo; para que todas tuvieran herramientas que les permitieran defenderse de la violencia machista y perseguir a los maltratadores.
Este 8 de marzo, cuando las calles de América Latina se llenen de mujeres pidiendo igualdad, justicia y que no las maten, como cada año, una de las frases emblemáticas del movimiento feminista volverá a enunciar esta verdad desde las pancartas: “El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas”. En un continente donde cada día matan a más de 11 mujeres al día, según los datos más recientes de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL), los casos de Rosa Elvira Cely, María da Penha, Olimpia Coral Melo, Eyvi Ágreda y Brisa son un ejemplo de ello. En los últimos años, ellas o lo que han inspirado sus historias están haciendo de América Latina una región un poco más segura para las mujeres.
Las cinco fueron víctimas de distintos tipos de violencia. Pero sus nombres se convirtieron en símbolo de resistencia y de cambio. La larga lucha que llevó adelante María da Penha, superviviente de dos intentos de feminicidio, alumbró una ley que permite perseguir con dureza a los agresores y proteger a las víctimas de violencia de género en Brasil. En Colombia, la batalla de la familia de Rosa Elvira Cely y de los colectivos feministas para que no quedara impune el crimen del que fue víctima permitió tipificar el delito de feminicidio en el país. El caso de Eyvi Ágreda puso en foco la violencia machista en Perú y desató una protesta masiva que permitió a legisladoras y funcionarias incluir el delito de acoso en el código penal. En México, gracias al apoyo de su madre y de un nutrido grupo de mujeres, Olimpia Coral Melo pasó de ser víctima de violencia digital a redactar de su puño y letra la ley que castiga con hasta seis años de cárcel la difusión de fotos y videos íntimos sin consentimiento. La historia de la niña Brisa y el asesinato de su madre, que organizaciones civiles tomaron como bandera, dio nombre a una ley para proteger a los hijos de las víctimas de feminicidios.
María da Penha (Brasil)
Sobrevivió a dos intentos de feminicidio y su larga lucha alumbró una ley que permite perseguir con dureza a los agresores y proteger a las víctimas de violencia de género.
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Lo más extraordinario de la brasileña Maria de Penha no es que en los años setenta fuera una farmacéutica con un master, ni que sobreviviera las dos veces que su marido intentó matarla. Lo realmente extraordinario es que, a diferencia de la mayoría de las mujeres que han dado nombre a una ley, ella está viva. La ley Maria da Penha contra la violencia de género tiene ya 15 años; la mujer que durante dos décadas batalló para conseguir justicia acaba de cumplir los 77. Y sigue muy activa. Creó un instituto que también lleva su nombre y este mes no tiene un solo hueco en la agenda.
Quede registrado que el victimario de esta historia de terror se llama Marco Antonio Heredia Viveros. Solo cumplió dos años de cárcel. Está libre.
María Da Penha suele decir que sus tres hijas fueron el gran incentivo para embarcarse en la lucha judicial para que su maltratador fuera castigado. Los abusos que sufrió seguían un patrón clásico. Fueron de mal en peor —con lunas de miel en medio, como la que trajo al mundo al tercer bebé— hasta que un día él le pegó un tiro en la espalda mientras ella dormía. La señora Da Penha nunca más volvió a caminar. De vuelta a casa en silla de ruedas, su esposo lo intentó de nuevo: trató de electrocutarla en la ducha. Parientes y amigos la ayudaron a huir, asegurándose de dejar todo atado antes para que no fuera denunciada por abandono del hogar y perdiera a sus hijas. Era 1993.
Tras el primer juicio y la primera condena, él siguió libre. Da Penha quiso dejar por lo menos testimonio de aquel infierno y escribió un libro: Sobrevivi… posso contar (Sobreviví… y puedo contar). Anulado el primer juicio, hubo un segundo. Fue condenado a 10 años por intento de asesinato, pero tampoco cumplió. Las instituciones brasileñas le daban la espalda, él quedaba impune.
De manera inesperada, surgió una posibilidad. Un día de 1998, un grupo de activistas de derechos humanos extranjeros aparecieron de visita por Fortaleza (Ceará), la ciudad donde Da Penha nació y aún vive, y le propusieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo supieron del caso? “Porque un diputado les regaló el libro”, cuenta al teléfono desde esa ciudad Conceição de Maria, cofundadora del Instituto Maria da Penha y una de sus más estrechas colaboradoras.
Así se gestó una formidable batalla legal internacional. El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y el Comité Latinoamericano para la defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) propusieron a la brasileña firmar conjuntamente una denuncia ante la CIDH. (Un sendero similar al que recorrieron otros famosos casos judiciales, como los que en Estados Unidos legalizaron el aborto o el matrimonio interracial).
Ganaron el pleito. En 2001, la CIDH concluyó que los maltratadores de mujeres quedaban sistemáticamente impunes y Brasil fue condenado por negligencia y omisión. “La primera recomendación fue cambiar la ley porque el Estado estaba en connivencia con los agresores”, dice De Maria. Aquella decisión dio paso a la norma por la que Maria da Penha se ha convertido en sinónimo de combate a los crímenes machistas en Brasil. El caso estaba ya a punto de prescribir cuando su agresor entró por fin en prisión, tras casi 20 años impune.
La norma, que el Congreso aprobó por unanimidad en 2006, “supuso un parteaguas, vino a cohibir a los agresores al tratarles con más dureza. Y su dimensión preventiva es también fundamental”, explica la cofundadora del instituto. La letra de la ley es considerada de las mejores del mundo, como les gusta recordar a las feministas brasileñas, porque va más allá de las medidas punitivas. Prevé que los juzgados de violencia contra la mujer pueden estar coordinados con comisarías y refugios, pero también medidas de emergencia para proteger a las víctimas y equipos multidisciplinares para que no tengan que relatar mil veces los detalles de la agresión ante distintas instancias o programas de prevención, entre otras muchas disposiciones.
El desafío es la puesta en práctica de una ley ejemplar en un país donde 1.319 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidio en 2021, según el Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Es decir, una asesinada cada siete horas. Y como en tantos lugares, la pandemia dejó a millares de mujeres atrapadas con sus verdugos. “Las políticas públicas previstas en la ley están concentradas en las capitales (estatales) y las grandes ciudades. El interior, en cambio, está desatendido”, dice De Maria, que recalca que para lograr el cumplimiento eficaz de lo estipulado “casi todo pasa por la voluntad política”.
El impacto de la ley Maria da Penha ha llegado hasta el refranero. La clásica proclama de que En bronca de marido y mujer, mejor no meter cuchara, que en portugués rima, se ha actualizado con Mejor sí meter cuchara, gracias a una superviviente perseverante y a unos activistas con visión estratégica.
Maria da Penha lleva años contando en todo tipo de foros esta historia, que lo único que tiene de bueno es que convirtió un infierno personal en un triunfo colectivo para proteger a todas las brasileñas. “Al final de sus presentaciones siempre se acerca alguna mujer para decirle, señora Maria da Penha, a mí me salvó la ley”, cuenta su colaboradora.
Rosa Elvira Cely (Colombia)
La batalla de su familia y de los colectivos feministas para que no quedara impune el crimen brutal del que fue víctima permitió tipificar el delito de feminicidio en Colombia.
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Su nombre era Rosa Elvira Cely: fue asesinada en mayo del 2012 y el Estado podría haber evitado su muerte. En 2015, fue su nombre el que ayudó a cambiar al Estado.
Rosa Elvira Cely era una mujer de 35 años que vivía en Bogotá, tenía una hija de 12 años, trabajaba en un puesto ambulante en la calle durante el día y por la noche estudiaba en una escuela pública para terminar su secundaria. Un excompañero de esa escuela la asesinó la madrugada de un jueves en un parque central de Bogotá. Esa noche, casi milagrosamente, Cely alcanzó a marcar a un número de emergencias. “Estoy en el Parque Nacional. Me están violando”, le gritó a la policía y les dijo su ubicación. Las autoridades no llegaron a tiempo. Cuando la encontraron, estaba tirada en el suelo con hipotermia, herida en varias partes del cuerpo y con señas de estrangrangulamiento. Un análisis posterior reveló que el asesino había introducido un objeto por su ano, posiblemente un palo, con el que destruyó su útero y trompas de falopio. Rosa Elvira Cely fue llevada a un hospital y murió tras cuatro días en cuidados intensivos.
El Estado no solo le falló esa noche. El diario nacional El Espectador encontró que Javier Velasco, el asesino, ya había había sido condenado previamente por matar otra mujer en 2002 (solo cumplió 19 meses de condena); que tenía una denuncia penal por abuso sexual de sus dos hijastras y que algunas autoridades habían advertido el riesgo de que Velasco volviera a asesinar a una mujer. La historia, efectivamente, se repitió.
“Yo no sabía nada de temas de género en ese momento”, cuenta a El PAÍS Adriana Cely, hermana de Rosa, que se encargó del proceso judicial de su hermana. “No tenía conocimientos especializados pero cuando me enfrento a lo que ocurre, pues veo mucha negligencia de las instituciones, veo que el proceso penal le falla a las mujeres, y que eso también vulneraba a mi hermana. Cuando empiezo a percibir eso, empiezo a formarme en seminarios, foros y ahí empiezo a entender. Ahí fue que conocí unas organizaciones de mujeres que querían tipificar el feminicidio en Colombia”.
La muerte de Rosa Elvira Cely fue uno de muchos casos de violencia, pero la crueldad del homicidio fue tal que la noticia logró despertar la indignación general: hubo marchas de rechazo, campañas en redes sociales, investigaciones rigurosas de medios de comunicación. Algunos colectivos feministas vieron en este homicidio un ejemplo más de porqué había que cambiar el Estado colombiano. Era hora, exigían, de tipificar por primera vez el delito de feminicidio. “Quien estaba apoyando el proyecto era una congresista que se llama Gloria Inés Ramírez, pero ya había antes de ella todo un movimiento de mujeres que venían pidieron al Congreso que lo aprobara”, cuenta Adriana Cely. Aunque Ramírez era congresista de un partido de izquierda minoritario, el Polo, a la iniciativa la apoyaron congresistas de todo el espectro ideológico y por esto logró aprobarse en 2015.
La ley Rosa Elvira Cely de 2015 tipifica un feminicidio como “causar la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. Con esto, los transfeminicidios quedan también incluídos. Los acusados por este tipo de delito podrían ser condenados a penas que van de los 250 meses (20 años) y hasta 600 meses (50 años). La ley también establece unas obligaciones a las instituciones judiciales para tratar este tipo de casos penales, y otras obligaciones a las instituciones pedagógicas para identificar y prevenir la violencia de género.
“Fue casi una reparación”, dice Adriana Cely sobre el hecho de que la ley lleve el nombre de su hermana. “Para mi familia fue importante: la ley tiene un nombre, y la gente con ella puede hacer memoria de lo que ocurrió”. Nombrar la violencia ha sido una de las banderas del movimiento feminista y en este caso eran dos los nombres que entraban al léxico al aprobar la ley: el de de Rosa Elvira Cely, para no olvidar lo que le ocurrió a ella; el del feminicidio, para nombrar lo que le ocurre a muchas más. “Es también como decirle a mi hermana que su muerte no fue en vano”, dice Adriana Cely. “Debemos lograr nombrar a todas esas mujeres, porque esos feminicidios tienen un nombre, no son solo una cifra más”.
No son solo una cifra más, pero las cifras siguen siendo altas, aunque el Estado no ha logrado unificar el número total de feminicidios en una sola base de datos. Yamile Roncacio es directora de la Fundación Feminicidios Colombia, una organización que intenta cruzar la información de casos de feminicidio que aparecen en la prensa con otros casos judiciales de la Fiscalía: encontraron al menos 237 casos de feminicidio en 2020, y al menos 267 en 2021.
“En cifras, la ley en sí misma no ha tenido ningún efecto en estos años”, dice decepcionada Roncacio. “Ahora, ¿qué cambió? La introducción del delito de feminicidio en Colombia fue muy importante porque es el primer paso para la comprensión de por qué a las mujeres nos matan. El delito no se crea por una cosa de populismo punitivo, como algunos quieren insistir, sino que es un asunto político”.
Lo que logró la ley Rosa Elvira Cely en siete años, en otras palabras, fue un cambio cultural y político: entrar una herramienta al movimiento feminista para que los fiscales, o los jueces, o los abogados nombren un día esos asesinatos como lo que realmente son: feminicidios.
Eyvi Ágreda (Perú)
Su caso puso en foco la violencia machista en el país y desató una protesta masiva que permitió a legisladoras y funcionarias incluir el delito de acoso en el código penal.
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Eyvi Ágreda Marchena migró a Lima para estudiar administración y a la vez trabajaba como empleada en una empresa de servicios para ayudar a sus padres, campesinos en una comunidad de Cajamarca, en la sierra del norte de Perú. Cuando tenía 22 años, en abril de 2018, fue atacada por un excompañero de trabajo que la acosó durante meses porque quería una relación con ella. Un día, al terminar su jornada laboral, la joven subió a un autobús y Carlos Hualpa la siguió sin que ella lo notara. Él llevaba combustible en una botella de yogurt, contó esa noche uno de los bomberos que atendió la emergencia. “Si no eres mía, no eres de nadie, arderás”, le dijo el agresor y le prendió fuego cuando el autobús recorría Miraflores, un distrito de clase media-alta de Lima. El 60% del cuerpo de Ágreda sufrió quemaduras y otros siete pasajeros lesionados tuvieron que ser evacuados a hospitales. Mientras los médicos reportaban sucesivas cirugías para salvarla, la indignación pública contra el agresor crecía.
Una de las congresistas que preparaba desde antes un proyecto de ley sobre el delito de acoso, la socióloga Marisa Grave, planteó la urgencia de debatir la cuestión. Otros parlamentarios también se sumaron a presentar iniciativas de ley debido a la repercusión pública de la violencia machista: a raíz de lo ocurrido con Eyvi, dos conocidas periodistas de televisión hicieron público que eran víctimas de acoso pero la policía no podía hacer nada. “No era acoso callejero ni hostigamiento laboral: en ese momento no había reconocimiento del delito. Cuando pasó lo de Eyvi fue muy dramático porque de haber existido legislación, hubiera denunciado a quien la perseguía y él podría haber terminado preso,” recuerda Glave.
La joven falleció cinco semanas después del ataque a causa de una infección generalizada.
La noche de su muerte, el 1 de junio, hubo una vigilia y luego una gran movilización juvenil en el centro de Lima —desde el Palacio de Justicia hasta el Congreso— con carteles que decían #NiUnaMenos y #NosEstánMatando.
La abogada Cynthia Vila integró el equipo del Ministerio de la Mujer que, en septiembre de ese año, tres meses después del fallecimiento de la joven, logró aprobar la norma que incluye el delito de acoso en el Código Penal.
“Fue muy importante la movilización ciudadana para la toma de decisiones en el Estado. Ese caso fue muy lamentable pues si la norma hubiera existido no estaríamos hoy hablando de su muerte. Pudo haber pedido medidas de restricción o una prisión preventiva mientras investigaban al agresor”, señala Vila, ex viceministra del Ministerio de la Mujer. La exfuncionaria destaca que el debate público sobre el feminicidio de Eyvi Ágreda permitió que el Congreso diera facultades legislativas al Ejecutivo para combatir la violencia de género, y una de las varias normas promulgadas en ese contexto fue la tipificación penal del acoso.
La excongresista Glave destacó que el Ejecutivo mejoró los distintos proyectos de ley sobre el tema, y que en el Congreso el debate hubiera sido difícil. “Algunos parlamentarios varones no entendían: lo veían como galantería, o que ya no iban a poder coquetear o mirar a una mujer. O decían que las mujeres solteras se exponen porque no tienen pareja”, cuenta. Para la socióloga, este caso fue muy brutal por el tipo de violencia ejercida sobre el cuerpo de una mujer que estaba sola, y que peleaba por su independencia. “Al quemar como la quemó, no se le iba a acercar ni Dios. Que tu apariencia física desaparezca es una cosa muy violenta”, agrega Glave.
La activista Sheridan Medina, que en ese tiempo formaba parte del colectivo Paremos el acoso callejero, cuenta que vivieron de forma muy intensa la muerte de Eyvi porque, cuando el feminicida confesó el crimen, hubo mucha revictimización. “Pensábamos que habíamos dado un gran paso cuando salió el decreto legislativo que penaliza el acoso, pero al ver las reacciones en redes —que decían que ella debió aceptar al hombre o ser más clara con él— constatamos que faltaba mucho por hacer en educación y en lo social”, dice Medina.
En 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Hualpa a 35 años de prisión por feminicidio. En la calle de Miraflores donde Eyvi fue atacada no hay ninguna señal en su memoria.
Olimpia Coral Melo (México)
Gracias al apoyo de su madre y al activismo feminista, pasó de ser víctima de violencia digital a redactar la ley que penaliza la difusión de fotos y vídeos íntimos sin consentimiento.
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En 1791, en plena Revolución francesa, Olimpia de Gouges publicó la declaración de los derechos de la Mujer y la Ciudadana. Por primera vez un texto reconocía la igualdad plena de las mujeres ante los hombres. Dos siglos después y a miles de kilómetros de distancia, otra Olimpia, Olimpia Coral Melo, escribió en México una reforma de ley que revolucionó el derecho de las mujeres a la intimidad y abrió la puerta a tener una vida sexual libre de violencia. La ley Olimpia, como la llamaron, reconoce la violencia digital como actos de acoso, amenaza, vulneración de datos e información privada; y penaliza a quienes graban y difunden sin consentimiento imágenes sexuales con penas que pueden alcanzar los nueve años de cárcel.
En el universo de Internet, donde reina el anonimato y la sociedad más joven pasa gran parte de su tiempo conectada, las violencias no son solo físicas: también suceden de manera virtual. Ese terreno, todavía desconocido para los Gobiernos, se ha convertido en una gran limitación a la hora de legislar, atender y proteger los derechos de la ciudadanía, en especial de mujeres y niñas. “Antes de la reforma, no era reconocida como violencia contra las mujeres ni como delito”, señala Melo.
Según el único registro nacional hecho por el Instituto de Estadística y Geografía sobre ciberacoso, en 2015 nueve millones de mexicanas vivieron este tipo de violencia, entre el que se encuentra compartir contenido íntimo sin consentimiento. Las más vulnerables de ser violentadas fueron las mujeres entre 20 y 29 años, seguidas por el grupo de 12 a 19 años. “El 90% de las mujeres y las niñas expuestas en mercados de explotación sexual por Internet —lo que las personas comúnmente conocen como páginas porno, grupos de packs o grupos de nudes— no habían dado su consentimiento para ello”, explica la activista. Y arroja un dato más sobre la mesa: “Una fotografía de una niña desnuda en Internet puede costar entre cinco pesos (0,24 dólares) y 2.000 pesos (96 dólares)”.
Cuando tenía 18 años, ella misma supo lo que era vivir esa violencia. La difusión en Internet de un vídeo sexual con un exnovio fue el comienzo de una larga lucha no solo por reclamar su derecho a la intimidad, sino para que eso fuera castigado como violencia. “Traté de suicidarme varias veces y otras traté de desaparecer, pero no podía, el vídeo me perseguía. Dejé la universidad, dejé de salir a la calle, de frecuentar a mis amigos… Bastaba con difundir ese video sexual para violar mi cuerpo de nuevo cada vez que una persona lo tenía en su poder”, asegura. Olimpia Coral Melo habla en sus conferencias y talleres de su propia experiencia. “No sabes si al otro lado de la fotografía que te mandaron tus cuates, tus amigos del equipo de fútbol, tu grupo del trabajo... hay una mujer suicidándose mientras te masturbas con su cuerpo virtualizado”.
Dice que, pese a todo, las palabras que recibió de su madre en aquel momento la salvaron: “Tu cuerpo desnudo no es un crimen y lo que hiciste no le hizo daño al mundo, lo que te hicieron a ti sí”. El año pasado, Olimpia Coral Melo fue reconocida por la revista Time como una de las personas más influyentes de América Latina.
Ella redactó la ley de su puño y letra, pero reconoce que fue gracias al apoyo y al trabajo conjunto de un nutrido grupo de mujeres que la Ley Olimpia acabó convirtiéndose en una realidad en todo el país. “Al principio nos llamaron locas. Nos ordenaron que nos calláramos, pero demostramos que cuando las locas luchamos, el mundo cambia. Y no solo nos beneficia a nosotras, también les beneficia a los hombres”, subraya. Al igual que México, otros países de América Latina se han sumado a reconocer la violencia digital en su legislación. En 2019 Argentina incorporó en la reforma de su Código Penal la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y Ecuador aprobó en 2021 un proyecto de ley en ese sentido.
La ley obliga a las plataformas a bajar el contenido denunciado, pero —como su propia creadora señala— todavía hay muchos rezagos que corregir en ese sentido. Entre ellos, la inmediatez con la que las autoridades actúan ante las denuncias y las trabas que ponen las plataformas para dar de baja el contenido. Es más fácil que Facebook, Twitter, Instagram, bajen una fotografía de nosotras dando el pecho que una con nuestro contenido íntimo no consentido”, apunta. “Las empresas ven nuestros cuerpos como objetos sexuales porque el algoritmo es patriarcal”, agrega. A esto hay que sumarle una tasa de impunidad general en el país que ronda el 95% de todos los delitos, y la falta de formación de jueces y ministerios públicos en la materia. Desde 2021 se han dictado en el país ocho condenas con base en la Ley Olimpia.
Después de más de una década de lucha, Melo nunca pudo llevar su caso a los tribunales. Cuando difundieron su video sexual, México no reconocía aquello como un delito. Olimpia de Gouges tampoco vio materializada su declaración de derechos: fue decapitada dos años después de publicarla. Sin embargo, su texto sentó un precedente en el reconocimiento de la igualdad para las mujeres.
A sus 30 años, Olimpia Coral Melo dice que su propia justicia es saber que otras mujeres estarán protegidas a partir de ahora gracias a lo que hizo. Eso y haber reescrito su historia de nuevo: “Mi nombre ya no tiene que ver con un video sexual, ahora tiene que ver con la Ley Olimpia”.
Brisa (Argentina)
La niña argentina que dio nombre a una ley para proteger a los hijos de las víctimas de feminicidios.
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Entre 2008 y 2021, más de 3.000 menores de edad perdieron a su madre a manos de un feminicida en Argentina, según la ONG La Casa del Encuentro. Una de ellas fue Brisa. En diciembre de 2014 era una bebé de dos años. Sus hermanos mellizos estaban a punto de cumplir siete. La noche del 5 de enero de 2015, Iván Rodríguez invitó a Brisa y a sus hermanos a pedir un deseo especial a los Reyes Magos: que su mamá, Daiana Barrionuevo, volviese a casa. Hacía 15 días que esta mujer de 24 años estaba desaparecida y Rodríguez la había denunciado ante la policía por abandono del hogar, después de acusarla de haberse fugado con el amante. Rodríguez sabía que el deseo que hacía formular a sus tres hijos nunca podría cumplirse. Él mismo había asesinado a Barrionuevo a golpes, la había metido dentro de una bolsa y la había arrojado al arroyo donde fue encontrada sin vida el 10 de enero.
La familia materna nunca creyó la versión de Rodríguez. Lo que más les hacía dudar era que Barrionuevo nunca se separaba de Brisa, la menor de sus hijos, a la que había tenido después de perder un bebé en el último mes de gestación. Intuían que si había desaparecido era porque le había sucedido algo grave y la buscaron por todos lados. Rodríguez fingía hacer lo mismo.
Durante la búsqueda, los niños estaban al cuidado de los padres del feminicida, pero cuando fue detenido quedaron bajo la tutela de la familia materna. Al drama por la pérdida de Barrionuevo se le sumó uno nuevo: la falta de recursos para hacerse cargo de los tres pequeños. Finalmente se fueron a vivir con una de sus tías, que ya tenía tres hijos, en una casa precaria con una sola habitación en la localidad bonaerense de Moreno. En 2017, Rodríguez fue condenado a cadena perpetua por el feminicidio.
“Este caso fue tan cruel que tuvo mucha repercusión”, cuenta Ada Rico, directora de la ONG La Casa del Encuentro. Esta organización, pionera en el recuento de las víctimas de feminicidios, se dio cuenta de que la situación de Brisa y sus hermanos no era excepcional y comenzaron a luchar por una ley de reparación económica para quienes quedaban huérfanos de madre tras un feminicidio. Le pusieron Ley Brisa en homenaje a ella.
La aprobación de la ley no fue fácil, entre otros motivos porque no había —y sigue sin haber— cifras oficiales sobre los hijos de las víctimas de feminicidios. Los datos de La Casa del Encuentro proceden de la recopilación exhaustiva de noticias aparecidas en los medios de comunicación. Aún así, la presión de los movimientos feministas en las calles contribuyó a que la ley fuese sancionada por el Congreso en 2018.
“Hablamos de reparación porque el Estado no cumplió en proteger la vida de la mujer”, dice María Laura Novo, una de las abogadas que estuvo detrás de la redacción de la ley. La norma contempla una asignación por un monto igual a una jubilación mínima (32.000 pesos, equivalentes a 283 dólares al precio oficial) más cobertura médica hasta los 21 años. “Es importante el sistema de salud porque tiene que acompañar a esos niños, niñas y adolescentes. Los niños hablan porque muchos fueron testigos de la violencia y algunos también víctimas. Hablan o hablan con sus cuerpos y necesitan acompañamiento”, señala Novo.
Desde que la ley entró en vigor, en 2019, hasta noviembre de 2021, un total de 1.029 menores se han beneficiado de esta ley, según datos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf).
“Nos llamó una abuelita para agradecernos. Nunca me voy a olvidar de ese comentario porque fue tremendo. Dijo: ‘Yo con ese dinero voy a hacer una piecita para que podamos vivir con más dignidad’. Porque tenía siete nenitos. Dignidad y derechos, porque en realidad ese menor que tiene una mamá asesinada además tiene que cambiar de barrio, de colegio, de amistades y sentir que no tiene un lugar que le pertenezca. Por eso consideramos que esta ley es un derecho, porque si el Estado no acompañó a la mujer que fue asesinada tiene que acompañar a la niñez”, subraya Rico.
Las vías por las que estos cinco casos se convirtieron en ley son diversas, pero todos tienen en común el hartazgo de las mujeres por un sistema que durante mucho tiempo no ha escuchado sus demandas y la movilización de los colectivos feministas, una lucha transversal que en Latinoamérica está mostrando especialmente su fuerza y que también se ha anotado otras victorias recientes como la despenalización del aborto en Argentina, Colombia o México.
En El invencible verano de Liliana, un libro en el que reconstruye el feminicidio de su hermana en 1990, la escritora mexicana Cristina Rivera Garza escribe que los asesinos de mujeres huían “prófugos de leyes que no existían”, hasta que llegó el día en que, “con otras, gracias a la fuerza de otras, pudimos pensar, imaginar siquiera, que también nos tocaba la justicia”. Este es el caso de estas cinco historias de mujeres que están transformando América.
(c) 2022, El País
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