Un indígena es asesinado cada cuatro días en Colombia

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas alerta del aumento en las masacres y homicidios contra los pueblos indígenas durante el 2021

Indígenas nasa en el funeral de Albeiro Camayo, miembro de la Guardia Nacional Indígena, asesinado en enero de este año, en Mondomo (Colombia). [Stringer | Reuters]

En el marco de la conmemoración del día de la resistencia indígena el pasado 12 de octubre, el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) publicó el informe “El eterno retorno de la violencia política contra los Pueblos Indígenas”. Con él, la consigna “nada que celebrar” — que se ha hecho viral en esta fecha — cobró profundo sentido, pues documentó 114 homicidios de personas indígenas, de los que 17 se dieron en el marco de siete masacres. Todo en solo 12 meses. Las cifras provienen de un análisis de los datos recogidos por el Sistema de Violencia Sociopolítica de los Pueblos Indígenas (SIVOSPI).


El informe de 49 páginas resalta tres tendencias victimimizantes que se han agudizado desde la firma del Acuerdo Final de Paz, en 2016. La primera es un ataque selectivo a los liderazgos indígenas: el 68% de los asesinados fueron líderes comuneros; en los casos restantes, la víctima ejercía algún tipo de rol social o político dentro de su comunidad, como médicos tradicionales, autoridades o guardias. Asimismo, el rango etario de los homicidios en el último año se ubicó entre los 18 y 32 años. Ese patrón inquieta a las comunidades, pues muestra que sus nuevas generaciones de liderazgos políticos vienen siendo perseguidas, lo que ataca sus ejercicios de organización política.


“Para los pueblos indígenas una preocupación enorme es que varios de los asesinatos tienen que ver con lideres y lideresas que han venido exigiendo y protegiendo el territorio. Es deber y obligación del Estado brindar garantías para su protección. Llegar con inversión y materializar el derecho a la formalización de los territorios en donde estamos los pueblos indígenas”, dijo a EL PAÍS Camilo Niño, líder arahuaco y secretario técnico de la CNTI.


La segunda tendencia es que los homicidios se concentran en el sur occidente del país; y la tercera es que la violencia se dirigió particularmente aguda contra las comunidades Nasa y Awá. Ambos pueblos fueron las mayores víctimas de los homicidios de población indígena en 2021, con un 45% y 19% respectivamente. En el caso del pueblo Awá, las denuncias de un genocidio en su contra se han extendido por más de una década. Cuatro de cada cinco asesinatos se dieron en cuatro departamentos: Cauca (42,9%), Nariño (25%), Chocó (8,7%) y Putumayo (5,2%).

Las CNTI encontró que los siete municipios en donde hubo más homicidios concentran el 57% de las solicitudes de trámites de tierras de pueblos indígenas, como ampliación, saneamiento, reestructuración o clarificación de la vigencia de títulos. Para Viviana Gómez, quien trabajó en el informe como investigadora, no es una coincidencia: “los pueblos indígenas han tenido que continuar en su ejercicio de resistencia por la defensa del territorio y de la vida ante un contexto de violencia política bastante complejo que atenta contra sus procesos comunitarios y organizativos”, afirma la politóloga. Además de los homicidios, el informe resalta que las siete masacres de 2021 es el número más alto de masacres desde el 2016. Las zonas más afectadas se repiten: tres se dieron en Nariño, dos en el Cauca, una en Putumayo y otra en La Guajira. “En el marco del conflicto armado interno, la ejecución de masacres se configuró como un dispositivo de violencia ejercido en contra de los pueblos indígenas, propiciando escenarios territoriales de total desprotección con el propósito de su exterminio físico y de sus procesos políticos y colectivos por la defensa de la vida y sus territorios”, se lee en el documento.


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